ALMA MATER (II)

Hace unos meses dediqué una entrada a comentar brevemente la situación de la universidad española, pero temo que la magnitud del problema me obligará a convertir esa entrada en la primera de una larga serie. De hecho, yo diría que la reflexión sobre el tema es importante no sólo para los lectores que pertenezcan a mi gremio, sino también para todos aquellos ciudadanos preocupados por los ataques constantes al sector público español por parte de los defensores de la utopía neoliberal.

En ese sentido, dos noticias de las últimas semanas son especialmente relevantes y es conveniente ponerlas en relación aunque aparentemente estén desconectadas. Por un lado, tenemos el descubrimiento del bochornoso currículum plagiador del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, que ofrece pocas dudas científicas, por mucha presunción de inocencia que se quiera plantear cautelarmente, y que se agrava todavía más por la patética resistencia del sujeto a dejar su poltrona. No creo que sea el único caso en un futuro próximo: la creciente digitalización de fondos bibliográficos sacará los colores a más de uno/a que aprovechó la vieja cultura analógica para apañar publicaciones copiando de textos añejos o recónditos que creyó que serían eternamente de difícil acceso. Por ese motivo hay que entender que la compulsión plagiadora del rector es más que un hecho constatable: es también la sinécdoque de toda una estructura de poder académico opuesta por principio de Peter a la meritocracia intelectual y que explica en buena medida la instauración de la mediocridad y el nepotismo como normas generales de la universidad española durante décadas. Los rectores españoles, como otras tantas instituciones españolas de la democracia, han gozado genéricamente de una cierta inmunidad que les ha permitido llevar a la práctica sus modelos feudales y crear una clase social de auténticos privilegiados que en ocasiones (lo sé porque lo he visto) no pasan de trabajar una docena de horas a la semana. Digo una docena en total (incluyendo preparación de clases y, ejem, investigación).

Sin embargo, la denuncia de los evidentes privilegios de que ha gozado durante décadas una parte del profesorado universitario español no puede llevarnos a ser indiferentes ante las nuevas medidas neoliberales de ataque a la universidad pública, que ya hace tiempo muchos veníamos intuyendo aunque se han cocinado lenta y discretamente, y que se suman a las aplicadas, por imperativos tecnocráticos europeos, en otras áreas esenciales del Estado. Porque la otra noticia reciente a la que me refería es la publicación de los nuevos requisitos para acceder a los puestos de profesorado universitario funcionario: la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación ha subido notoriamente los niveles de exigencia de las acreditaciones previas que permiten presentarse a cualquier oposición a profesor titular. Aclaro que a mí personalmente no me afecta, pero lo cierto es que yo mismo no cumpliría hoy (después de quince años de experiencia posdoctoral) los criterios, y temo que muchos catedráticos (incluso de los buenos) tampoco. No voy a extenderme en detalles técnicos, pero algunos de los criterios parecen más ambiciosos que los de los tenure de Estados Unidos y son de difícil cumplimiento en áreas donde los posgrados son escasos o donde apenas hay recursos para la investigación y el calendario académico es tan exigente que impide cualquier estancia en centros de investigación internacionales.

Evidentemente, la competitividad universitaria es ineludible desde una perspectiva científica, y, por tanto, es razonable elevar el nivel para seleccionar y motivar óptimamente el talento académico. El primer problema es que el aumento de exigencia y la búsqueda de “excelencia” obligará a trabajar arduamente como docente y como investigador (es decir, en dos facetas cada vez más separadas logística e intelectualmente) sin que eso suponga, en principio, una mejora en los salarios. Pero el asunto es bastante más grave y profundo desde una perspectiva socioeconómica: la inversión durante años (los de vacas gordas) en formación predoctoral y posdoctoral en España ha creado una masa de investigadores y profesores que el sistema ya no puede absorber, porque el sector público debe ajustar sus gastos y hay que minimizar en todos los sentidos el funcionariado, que al parecer vive demasiado confortablemente y es poco productivo sin la sensación de un buen látigo neoliberal sobre la espalda. Por eso, esta situación de atasco es ideal para aplicar medidas implacables que, con la excusa de la necesidad de subir el nivel científico, logren una precarización evidente de investigadores y docentes ahorrando gastos y la vez manteniendo al personal joven con la espada de Damocles del despido o el recorte. Desde esa perspectiva, la carrera académica en España, que hace décadas era comodísima para algunos gracias al enchufismo salvaje, empieza a volverse enormemente complicada y desmotivadora. No hace falta pensar mucho para prever el futuro inmediato: muchos investigadores se irán al extranjero y no será raro que al final quienes entren en el sistema académico sean aquellos que, desde una posición económica familiar más desahogada, se puedan permitir el ejercicio de la paciencia. Con este panorama de colapso universitario, noticias como la desfachatez de algunos altos cargos académicos son especialmente irritantes porque confirman que el reajuste del sistema universitario se va a hacer al revés de como debería ser y, como tantas otras veces, ensañándose con el más débil.